EL MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACIÓN EN LA PROVINCIA DE JUJUY

La nueva organización institucional del Ministerio Público de la Acusación que se crea por la ley Nº 5895, viene a integrar el sistema de persecución penal pública concebido con la reciente introducción del modelo procesal acusatorio del Código Procesal Penal, ley 5623, (sancionado en 2.009 y en vigencia efectiva desde Setiembre del año 2.011). Esta organización tiende a reparar algunas anomalías en su funcionamiento y desarrollo debido principalmente, a las inconsistencias del esquema institucional en el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy.
En efecto, no puede instaurarse con la coherencia necesaria la vigencia del sistema procesal acusatorio, sin la existencia de un Ministerio Público de la Acusación con plena autonomía funcional.
No escapa a nuestro conocimiento que la Constitución Provincial ubica institucionalmente al Ministerio Público, dentro del Poder Judicial, conforme la interpretación armónica de los artículos 146 inciso 4 y 155 inciso 2 de la Carta Magna Provincial.
Pero esta circunstancia per se, no implica vedar la posibilidad de que el Ministerio Público en la función de persecución penal, tenga autonomía funcional que conlleva la necesidad lógica de autarquía financiera, tal como se explicará.
La problemática acerca de la ubicación institucional del Ministerio Público, fue resuelta a partir de la vigencia de la reforma de la Constitución Nacional del año 1.994, consagrando la autonomía funcional y la autarquía financiera del Ministerio Público.
Esta novedad modificó radicalmente el reparto institucional dentro del Poder Judicial de la Nación y debería tener profundas repercusiones en el esquema institucional de las Provincias por razones de la necesaria unidad del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las facultades provinciales no delegadas, tales como las de diseñar su propio sistema de administración de justicia.
Sin embargo, siendo que el nuevo reparto institucional fija pisos mínimos de garantías, debajo de los cuales es inaceptable la subsistencia de sistemas procesales diferentes o refractarios a estas nuevas garantías, dentro del derecho público provincial corresponde adaptar las instituciones en idéntico sentido.
El diseño del esquema institucional del Ministerio Público débil y sin mayores referencias respecto del rol procesal de persecución y acción penal pública, así como tampoco se considera la necesidad de dotarlo de nuevas y más amplias prerrogativas, asignándole un rol bastante discreto tributario de una época histórica e institucional precluida.
Este nuevo órgano, principalmente debe diseñar criterios objetivos de persecución penal, conforme prioridades y objetivos de política criminal, a cargo de ese organismo que debe presentar una conformación corporativa y verticalizada, con autonomía funcional y autarquía financiera, para viabilizar la concreción de dichos criterios privativos de la función.
El nuevo organismo ordena institucionalmente el Ministerio Público en la función de persecución penal derogando expresamente el régimen de la ley provincial 4970 que se evidenció insuficiente en lo relativo al ejercicio de la persecución penal.
La necesidad de utilizar criterios objetivos en la persecución penal y hacerlo a través de un organismo corporativo y verticalizado se explica por finalidad de optimizar esa persecución penal, priorizando el cumplimiento de determinadas finalidades mediante el control de las variables que inciden en la conformación de la actividad institucional y la planificación estratégica de sus objetivos.
En este sentido, es prioritario que el sistema penal reconozca y acepte que no todos los delitos pueden investigarse, y aquellos que se seleccionan para su persecución e investigación deben estar debidamente justificados, y que aquellos que merecen una investigación, debe ser investigados, conforme criterios que optimicen y no dilapiden los escasos recursos materiales para enfrentar la problemática y alcanzar objetivos realistas.
El nuevo organismo del Ministerio Público denominado Ministerio Público de la Acusación, creado por ley y no previsto por la Constitución, (artículo 146 inc. 2 de la Constitución Provincial) resulta indispensable para el adecuado funcionamiento del Ministerio Público, (artículo 146 inc. 2 apartado cuarto de la Constitución Provincial) dentro del esquema procesal penal de características acusatorias y por este motivo, debe tener realidad institucional.
Esta temática generalizada en el Derecho Público Provincial, respondió a necesidades históricas, que no tuvieron en cuenta la necesidad de reorientación institucional e histórica del Ministerio Público, hacia la optimización de la función persecutoria penal especificando los organismos destinados a ese menester.
Lo precedente, naturalmente llevó al reconocimiento normativo de su autonomía funcional pero a través de legislación general.
La autonomía funcional es el presupuesto lógico, para el adecuado funcionamiento del mismo ante las nuevas prioridades de reordenación institucional en sintonía con el cambio de paradigma procesal. El proyecto elaborado por la comisión de expertos de las Naciones Unidas, reunidos en Palma de Mallorca, durante cuatro sesiones, en los años 1.990, 1.991, 1.992, establece una serie de principios o reglas mínimas para la administración de justicia penal, destinados a ser aplicados, en los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, y que modificaron el paradigma de distribución funcional de los organismos competentes para ejercer el poder punitivo.
El Segundo principio apartado 2), prevé que las funciones investigadoras y de persecución estarán estrictamente separadas de la función juzgadora.
Este principio tuvo una fundamental incidencia en el diseño de los modelos procesales, en consonancia de señeros fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tales como Llerena, Casal, Quiroga, todos contestes en reconocer, desde diferentes perspectivas, la autonomía del Ministerio Público en el ámbito penal.
Todos los movimientos de reformas procesales de las Provincias fueron en esa dirección. Hasta culminar con la reforma del nuevo Código Procesal Penal de la Nación a través de la ley 27.063 que consagra expresamente el sistema acusatorio, pues resulta claramente contraintuitivo, exigir imparcialidad a un órgano que debe juzgar el mérito de su propia investigación, imaginando que pueda salir de sí mismo, para ver su propio trabajo con objetividad, que es lo que ocurría con el Juez de instrucción.
Por otra parte, dejar subsistentes estructuras institucionales que subordinan el rol del Ministerio Público en la función de persecución penal al poder judicial, que solo debe juzgar, habilitan que la función jurisdiccional, por inercia, ejerza competencias que no atañen a su rol procesal, de juzgar con imparcialidad.

LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN

Resulta de fundamental importancia establecer principios de actuación que implican principios de diseño institucional y de interpretación forense. De otra manera, la real intención del legislador quedaría reducida a un catálogo de buenas intenciones sin finalidad alguna.
El esquema propuesto establece la unidad jerárquica de actuación, como estrategia institucional e investigativa que impide a los fiscales apartarse de los criterios objetivos para la persecución penal, y constituye un pilar básico para la eficacia de esa persecución.
En segundo lugar, la objetividad es otro principio fundamental, que permite establecer equilibrios en la dinámica de la actuación de los organismos, entre las expectativas de la comunidad en la persecución y sanción de delitos y la justa aplicación de la ley. De manera que su actuación constituya una garantía para el imputado, pues en su caso, conforme la objetividad, el Ministerio Público de la Acusación puede solicitar en favor del imputado. Es decir, que cuando no haya pruebas, el Ministerio Público de la Acusación puede no acusar, retirar o no sostener el requerimiento de elevación a juicio propuesto por el Fiscal de la investigación Penal Preparatoria. De esa forma, no habrá caso sobre el cual decidir, y el Tribunal previo control de logicidad, fundamentación jurídica y razonabilidad, deberá absolver al imputado.
El principio de respeto de los derechos humanos, se erige en la referencia valorativa más importante del sistema republicano de gobierno, pues en el ejercicio de sus funciones y obligaciones, el Ministerio Público de la Acusación, a pesar de su rol procesal, no debe soslayar el respeto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Provincial, Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos y además, debe tener un rol activo para procurar su efectiva vigencia. En idéntico orden de ideas, se ubica la obligación del respeto de los derechos e intereses de las víctimas, es otro aspecto al que debe atender el Ministerio Público de la Acusación. En ocasiones, el ejercicio del poder punitivo no encuentra justificación ante situaciones en las que los protagonistas, pueden obtener el restablecimiento de sus derechos y expectativas por vías no punitivas.
El principio de transparencia e información, hace a la eficacia de la función ya que recopilar, registrar y publicar las resoluciones, reglamentos, protocolos de actuación y la elaboración de informes estadísticos anuales, torna previsible la actuación del Ministerio Público de la Actuación y esto incide en la adecuada defensa de los intereses del imputado. Obviamente esto será posible, en la medida que no pongan en riesgo el éxito de las investigaciones en curso ni la intimidad y/o dignidad de la víctima o del imputado. La celeridad, la eficacia y la desformalización son principios destinados a procurar eficacia y evitar desgastes innecesarios como el excesivo apego al rito y a prácticas burocráticas, que desnaturalizan y banalizan la función estatal en la persecución de delitos.
La accesibilidad y la gratuidad orientan la efectiva tutela de las víctimas de delitos.
Finalmente el Ministerio Público de la Acusación debe actuar con responsabilidad administrativa y/o institucional, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que le pudiere corresponder.

EL NUEVO ORGANISMO: EL FISCAL GENERAL DE LA ACUSACIÓN.

La norma propuesta, establece que el Fiscal General de la Acusación, es el responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. El órgano tiene su sede en la Capital de la Provincia.
El Fiscal General de la Acusación deberá reunir las condiciones previstas en la Constitución Provincial para ser Fiscal General ante el Superior Tribunal de Justicia y gozará de inamovilidad.
En caso de ausencia o impedimento transitorio será subrogado por el Fiscal ante el Tribunal en lo Criminal que él designe o el que corresponda según la reglamentación que se dicte al efecto. En caso de ausencia o impedimento definitivo deberá ponerse en marcha en forma inmediata el mecanismo de designación de un nuevo Fiscal General de la Acusación. Finalmente tendrá una remuneración equivalente a la del Fiscal General ante el Superior Tribunal de Justicia.
La designación y remoción del Fiscal General de la Acusación, deberá cumplir con los requisitos y ser elegido de acuerdo al artículo 155 incisos 3 y 4 de la Constitución Provincial respectivamente. Podrá ser removido de su cargo mediante juicio político por idénticas causales y procedimiento, previstos para la remoción del Fiscal General ante el Superior Tribunal de Justicia, conforme el art. 172 inciso 1 de la Constitución Provincial.
En cuanto a sus funciones y atribuciones, el artículo 16 del proyecto, establece algunas, netamente institucionales y otras administrativas.
Las funciones y atribuciones institucionales, consisten en ejercer la representación legal del Ministerio Público de la Acusación, determinar la política general de la institución, fijar los criterios generales para el ejercicio de la persecución penal y la solución alternativa de conflictos. Asimismo deberá velar por el cumplimiento de las funciones institucionales, e impartir las instrucciones de carácter general que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio y proponer al Poder Ejecutivo a través del Superior Tribunal de Justicia, el presupuesto del Ministerio Público de la Acusación, dispondrá la ejecución de las partidas para inversiones y gastos de funcionamiento asignadas por la ley de presupuesto de acuerdo a lo establecido en la Ley de Administración Pública.
Dentro de las gestiones institucionales, se encuentran la obligación de aprobar y dar a publicidad el informe anual de gestión previsto en la ley, y proponer al Poder Ejecutivo por intermedio del Superior Tribunal de Justicia el nombramiento, remoción y ascensos de los miembros del Ministerio Público de la Acusación de acuerdo a la ley y la reglamentación pertinente. El resto a partir del artículo 16 desde el inciso g hasta el inciso n, son administrativas propias de toda corporación de funcionamiento verticalizado y homogéneo.

LA ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN Y LOS DISTINTOS ÓRGANOS

El esquema propuesto en este proyecto, divide las funciones en Órganos de Dirección que son el Fiscal General de Acusación y la Junta de Fiscales integrada por los Fiscales ante los Tribunales en lo Criminal, el Fiscal o los Fiscales ante el Tribunal de Casación y el Fiscal ante la Sala de Apelaciones en lo Penal.
Por su parte, en la función netamente persecutoria, se cumple a través de órganos fiscales de persecución penal que son los que llevan adelante la concreta función de persecución penal requirente y conclusiva ante los Tribunales de distintas competencias por grado y especialidad. Se trata del Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, los Fiscales ante los Tribunales en lo Criminal, el Fiscal ante la Cámara de Apelaciones y Control, el Fiscal de Ejecución Penal, los Agentes Fiscales de la Investigación Penal Preparatoria, Correccionales y de Menores. Los Órganos de apoyo a la gestión cumplen un rol novedoso actualmente inexistente y está integrado por el Administrador General, la Secretaría General, la Auditoría General de Gestión, la Escuela de Capacitación, el Organismo de Investigación y los Órganos Disciplinarios.
En consonancia con la política de transparentar la gestión del Ministerio Público de la Acusación, que tiene fundamental importancia para la preservación del sistema republicano, la auditoría general de gestión, se ocupa del control en tiempo real del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, en marcado contraste con la laxitud de controles del esquema actual. Esta modalidad es de vital importancia, para mejorar la gestión y planificar adecuadamente la utilización de los recursos, procurando superar los objetivos alcanzados en la gestión del año anterior y de esta manera aumentar la eficacia y la adecuada racionalización de recursos técnicos y humanos en forma progresiva.
Entendemos que de esta forma se propicia trazar objetivos alcanzables y creíbles por parte del Ministerio Público de la Acusación.
En este orden de ideas, el artículo 9 del proyecto establece la publicidad de la gestión que genera la obligación del Fiscal General de la Acusación, de brindar un amplio y pormenorizado informe anual ante la legislatura de la Provincia, para ilustrar a los señores legisladores, los cursos de acción que adopta la institución, las dificultades que se presentaron y las soluciones alcanzadas.
Por su parte, el Tribunal de Disciplina, como órgano de gestión permite sancionar eventualmente a los funcionarios que cometen infracciones graves, quedando a cargo del Fiscal General de la Acusación sancionar las leves. De esta manera se propende a optimizar el comportamiento y la contracción laboral de los integrantes del cuerpo de fiscales. Esta actividad se integra con la de la Escuela de capacitación, en punto a la evaluación de la función y la capacitación obligatoria y contínua que posibilita a los funcionarios de acceder a la carrera del Ministerio Público de la Acusación. El órgano de la investigación, es lo que la Constitución Provincial en el artículo 146 inciso 5, denomina Policía Judicial.
Razones de ubicación institucional y de índole práctica hacen conveniente el cambio de su denominación. Desde hace tiempo se intenta instituir este órgano en proyectos legislativos, que aparecieron aislados y fuera de contexto.
El presente proyecto viene a corregir esa inconsistencia, pues el órgano de investigación, es también, un pilar fundamental para el correcto funcionamiento del modelo procesal acusatorio. Razones similares a las que hasta la fecha, obstaron a la autonomía del Ministerio Público de la Acusación, nos llevan a concluir que no pudo ser instaurado. Es el órgano auxiliar más importante en la tarea de investigación criminal pues utiliza métodos científicos para la reconstrucción del ilícito mediante la aplicación de protocolos de actuación.
Su instauración y la consecuente designación de funcionarios, será materia de reglamentación, sin embargo, la ley introduce la designación mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, en sintonía con la lógica de designación de los órganos de persecución penal del Ministerio Público de la Acusación.
El resto del articulado del presente proyecto, trata acerca de las condiciones, derechos, deberes, incompatibilidades, del Fiscal General de la Acusación y otros funcionarios, así como el régimen disciplinario al que se sujetan dentro del organismo.
En definitiva, el presente proyecto permite una ostensible superación del esquema institucional actual, cumple con estrictos estándares de transparencia y responsabilidad institucional, se adecua al modelo procesal acusatorio establecido por el Código Procesal Penal y otorga previsibilidad y racionalidad a la función de persecución penal y fundamentalmente viene a saldar una importante deuda de las instituciones de la Provincia de Jujuy, para con los ciudadanos.

¿Cómo realizo denuncias?
El Ministerio Público de la Acusación habilitó más canales de denuncia.