jueves, 28 de diciembre de 2017

El Ministerio Público de la Acusación informa:

El Ministerio Público de la Acusación informa: El Dr. DARÍO E. OSINAGA GALLACHER, Fiscal del Tribunal en lo Criminal N.º 2, INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN, en contra de la sentencia emanada absolviendo a MILAGRO AMALIA ÁNGELA SALA DE NORO, del delito de Amenazas.

El Ministerio Público de la Acusación informa:

El Dr. DARÍO E. OSINAGA GALLACHER, Fiscal del Tribunal en lo Criminal N.º 2, INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN, en contra de la sentencia emanada absolviendo a MILAGRO AMALIA ÁNGELA SALA DE NORO, del delito de Amenazas. 

INTERPONE RECURSO DE CASACION

Cde.  Expte.  N° 59/17 caratulado: Salas de Noro, Milagro Amalia Ángela: de Amenazas (dos hechos en concurso Real). Ciudad.

Tribunal en lo Criminal Nº II – Vocalía Nº 4:

DARIO E. OSINAGA GALLACHER, Fiscal del Tribunal en lo Criminal Nº 2 –habilitado-, ante V.S. respetuosamente me presento y digo:

I - OBJETO.

Vengo por este acto en tiempo oportuno a interponer formalmente RECURSO DE CASACION en contra de la sentencia emanada de este Tribunal en lo Criminal Nº 2 la cual fuera leída íntegramente en fecha 18 de Diciembre de 2017, sentencia en la cual se FALLA: “I.- Absolviendo a la encartada MILAGRO AMALIA ÁNGELA SALA DE NORO de las demás calidades personales dadas en autos, del delito de amenazas… por aplicación del principio `in dubio pro reo´ art. 321 del C.P.P.”, conforme lo dispuesto por el Art. 457 Inc. 1 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia de Jujuy, arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Políticos incorporadas al ordenamiento interno, con rango constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional)

Se interpone el presente remedio procesal por entender que el Tribunal en lo Criminal Nº 2 dictó una sentencia que ha violado las reglas de la sana crítica racional al valorar la prueba y, como consecuencia de ello, ha emitido un pronunciamiento arbitrario abiertamente opuesto de las constancias de la causa.

La sentencia ha omitido considerar cuestiones oportunamente planteadas por la Fiscalía en los correspondientes alegatos.

II - DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.

El presente recurso plantea cuestiones de hecho y de prueba que han sido interpretados de una determinada manera, el recurso debe ser admitido puesto que se le debe dar al mismo el carácter de segunda instancia obligatoria, tal como lo prevé el art. 457 del C.P.P. en su Inc. 1º, y conforme la doctrina sentada en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Casal” (C.S.J.N. FALLOS 328:3399), que establece, entre otras cosas, la teoría de la máxima capacidad de rendimiento del recurso de casación en la revisión de la sentencia, mediante la vía casatoria.

III – IDENTIFICACION DE LOS AGRAVIOS. 

Esta Fiscalía se agravia por entender que la sentencia absolutoria dictada en favor de la imputada es arbitraria por haberse apartado de manera evidente de las reglas de la sana crítica racional en la interpretación y valoración de la prueba, dando paso a una erróneo decisorio que, desechando los hechos y el buen sentido desestimó la postura acusatoria.

Por otra parte causa agravio que la sentencia no haya considerado una cuestión concretamente planteada por ésta Fiscalía específicamente no hizo referencia alguna sobre la identidad entre el léxico utilizado por la imputada en la audiencia de debate y el vocabulario que se le atribuye a la acusada en la denuncia, lo que es un indicio específico que no fue debidamente valorado en el contexto que debió ser valorado.

IV –  DESARROLLO DEL PRIMER AGRAVIO: VIOLACION A LA REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.

Este agravio consiste en haber absuelto a Milagro Amalia Ángela Sala sin haber considerado el contundente valor de convicción que acarreaba la prueba de cargo y que tuvo como consecuencia un evidente apartamiento de las reglas de la sana crítica en la valoración integral de los elementos reunidos en la causa.

IV - a) DE LA VALORACION DE LA VERSION DE LOS DENUNCIANTES.

Como punto de partida corresponde efectuar un análisis específico de la principal prueba de cargo (aunque no la única) existente en la causa, esto es: la versión de los hechos plasmadas en las denuncias oportunamente realizadas en sede policial por la Comisario ANGELA SILVINA CABERO y por el Oficial RUBEN EDUARDO VAZQUEZ, en las consiguientes ratificaciones realizadas por éstos en sede de la Fiscalía, y posteriormente en lo afirmado por los referidos denunciantes durante el debate.

La valoración de los relatos de los denunciantes es importante recordar la advertencia de Gorphe (La crítica al testimonio, pag. 289), en el sentido de que la práctica judicial debe utilizar todos aquellos datos provenientes de diversas disciplinas –p. ej., psicología, psiquiatría, antropología- para intentar someter el testimonio a una crítica científica metódica y sacar de ello el máximo de verdad con el mínimo de error.

Hora bien, para valuar la credibilidad de las referidas denuncias/testimonios debemos sujetarnos a ciertas pautas forenses y psicológicas que permitan afirmar: “1) que los sentidos no han engañado al testigo, y 2) que no quiere engañar.” (Maximiliano Hairabedián, Prueba Testimonial en el sistema acusatorio y adversarial, Astrea, Buenos Aires 2016  pag. 148).

Con respecto a la fidelidad de la percepción debemos decir que tanto la Comisario Cabero como el Oficial Vázquez, son personas que no evidencian perturbación mental alguna, que no tienen mengua en el funcionamiento de sus sentidos y que lo escuchado (amenazas) fue percibido a través de un medio idóneo para transmitir sonido (teléfono).

Asimismo la condición de funcionarios públicos de los denunciantes hacen que su versión de los hechos goce de mayor credibilidad (“no es lo mismo que lo diga un delincuente que un filántropo” Maximiliano Hairabedián, ob. cit., pag. 152).

Por último, con respecto a la fidelidad de la percepción debemos decir que, el escaso tiempo transcurrido entre la audición de las amenazas y la evocación de lo escuchado al formular las respectivas denuncias, descartan cualquier posibilidad de interferencias (de otros testigos, de noticias periodísticas, etc.) que deformen el relato.

Con respecto a la sinceridad de los denunciantes debemos puntualizar que no se advierte en sus declaraciones algún interés (connivencia, soborno, etc.) o circunstancias que influyan en sus ánimos (afecto, odio, enemistad, etc.) que pudieran haberlos hecho apartar, consciente o inconscientemente, de la verdad.

Sometido el relato de los denunciantes a un control interno podemos afirmar que sus declaraciones resultan carentes de contradicciones.

Asimismo no surgen mendacidades parciales en las declaraciones puesto que todos los pormenores del relato plasmado en la denuncia, a excepción de la frase amenazante, han sido admitidos por la propia imputada.

En efecto se ha demostrado la existencia de las llamadas telefónicas en el día y los horarios en que se afirman sucedidas las llamadas en la denuncia, se ha corroborado el motivo de las llamadas (que devuelvan prendas de vestir secuestradas), se ha acreditado que quién habló con los policías al otro lado de la línea telefónica fue la ex diputada Milagro Sala y que la misma profirió insultos, en fin, todo los detalles descriptos en la denuncia y posteriormente admitido por la imputada, dan cuenta de ausencia de mendacidad parcial en el relato.

Es importante recordar aquí que, si bien en la presente causa existen otras pruebas que apuntalan la versión de los denunciantes, la existencia de un testigo único no obsta a la posibilidad de condenar al acusado. Por tanto, lo afirmado en el voto del Dr. Llermanos acerca de que no existen pruebas independientes además de la versión de los denunciantes, no es ajustado a la realidad, y como luego explicaremos, además es arbitrario y antojadizo.

Como bien se ha dicho: “El adagio testis unus, testis nullus, en virtud del cual un solo testigo no constituye prueba para tener por acreditado el hecho, no tiene acogida en el actual ordenamiento procesal, que adopta el sistema de la sana crítica racional como método de valoración de la prueba. Ante la circunstancia de presentarse un único testigo del hecho no debe prescindirse de sus manifestaciones, sino que las mismas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, examinando cuidadosamente las calidades del testigo.” (CNCasPen, Sala I, 14/10/08, “Ortellado”).

Del análisis efectuado hasta aquí podemos afirmar que los relatos brindados por los denunciantes resultan a todas luces fiables y creíbles.

Por otra parte no ha hecho referencia el Tribunal a ninguna circunstancia propia de la impresión de visu, como ser aquellas relacionadas con el lenguaje corporal de los denunciantes, con el tono de voz, con silencios, con miradas, etc., que evidencien una merma en la veracidad de sus relatos, por lo que no hay razón plausible alguna para descreer de la versión de los hechos dada por éstos.

No debemos olvidar que por la forma de comisión del delito, en este caso una amenaza telefónica, y por el carácter eminentemente privado en que se produce la comunicación, en la mayoría de los casos (y también en el actual proceso), no se contará más que con la versión de la víctima como prueba directa del ilícito, debiendo en estos casos darle una consideración especial al relato del denunciante.   

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este sentido que: “La declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejen rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de la privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama necesarios.” (CSJN Fallos 309:319).

A la luz de lo expuesto podemos afirmar que las declaraciones de los denunciantes aparecen por si mismas (independientemente de los otros elementos que las confirman) lo suficientemente sólida para servir de prueba cabal de los hechos que conforman la acusación    

IV – b) DE LAS PRUEBAS QUE CORROBORAN LO DECLARADO POR LOS DENUNCIANTES.

Como lo he expresado, las versiones plasmadas en el relato de las víctimas no se encuentran desprovistas de otros elementos de prueba que las corroboran y las reafirman.

Al respecto, debemos considerar que existen cuatro testigos en la causa que han afirmado haber escuchado, de parte de los denunciantes o de terceras personas, que habían amenazado a la Jefa Cabero y al Oficial Vazquez, precisando algunos de estos testigos que le dijeron que la amenaza habría sido de bomba.

Así el policía LEONARDO FABIO OCAMPO dijo en el debate que “le comentaron que se habían realizado denuncias, la jefa Cabero, por motivo de una amenaza, se lo dijo otra persona”.

Asimismo el testigo PABLO ALEJANDRO LLAMPA, Cabo de la Policía de la provincia de Jujuy, dijo en el debate que “Al día siguiente escuchó que había recibido un llamado telefónico la Jefa Cabero, que la estaban amenazando.  No le dijo en qué términos ni quién, no supo ni preguntó, solo por dichos, escuchó”. Por otra parte éste testigo a fs. 28/vta. última parte, refirió que “a horas de la madrugada, aproximadamente a las 3:00, le comentaron que vino un Abogado de apellido Bellido y le pasó el celular donde estaba en línea Milagro Sala donde lo insultó y amenazó con una bomba, que iba a hacer volar la Comisaría.”

Fue contundente el policía JORGE ORLANDO VELÁZQUEZ quién dijo en el debate que: “A la noche, pasado un rato, a eso de las 21 hs. cuando se juntaron, comentó Vázquez que lo amenazaron… Después dijo que habían amenazado a la Jefa, que había habido inconvenientes, no supo de qué tipo, no preguntó mucho.  Detalladamente, la amenaza fue de bomba, amenazaron a la Jefa, por eso le preguntó si había pasado el teléfono, cosa que negó, porque no trabajaba ahí, no lo tenía, y dio la directiva de permanecer en apresto, o sea, quedarse en la comisaría, no salir a ningún lado, por la amenaza, lo que es una actitud preventiva.”

En este mismo sentido dijo en el debate MARCELO RAMÓN SALAZAR, también miembro de la fuerza policial, que: “Esa noche nadie comentó de otra amenaza aparte de la Jefa Cabero; se dispuso que se queden en la comisaría, salvo problemas graves, porque había llamado por el tema de ver la guardia mínima pensando que iban a atentar contra la comisaría.  Hubo un estado de alerta, porque en ese tiempo la señora ostentaba poder”

No caben dudas que estos testigos vienen a reafirmar lo expresado por los denunciantes en cuanto a la existencia de los términos amenazantes vertidos por la imputada en la conversación telefónica.

Se tiene dicho al respecto que “La circunstancia de que los testigos no hayan visto por sí mismos los hechos que motivaron la causa penal, sino que se limitan a repetir lo que escucharon de terceras personas, no invalida per se sus declaraciones”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV • 10/11/2008 • Marcus, Alejandro Fabián Rubén • Sup. Penal 2010 (febrero), 13 con nota de José María Orgeira LA LEY 2010-A, 502 con nota de José María Orgeira • AR/JUR/17536/2008).

En sintonía con lo expresado se dice que: “Si bien se discute cuál es el valor probatorio que debe asignársele al testimonio indirecto rendido por una personas que dice haber oído a otra decir algo, su aporte en principio no puede ser descartado, pues puede robustecerse al abrigo de otros elementos que se incorporen al proceso…” (Rubén Chaia, La prueba en el Proceso Pernal, Hamumurabi, Buenos Aires 2013, pag. 766).

Las personas que dicen haber oído de la existencia de las amenazas, ya sea que lo hayan escucharon de otras personas o de las propias víctimas, vienen a robustecer lo expresado por Cabero y Vázquez a lo largo del proceso.

IV – c) DE LA DECLARACION DE LA IMPUTADA.

No debe dejar de considerarse a la declaración defensiva de la imputada en cuanto corrobora, casi en su totalidad, la versión de los denunciantes, como un elemento más en la acreditación de los hechos que conforman la acusación.

En efecto, si bien es cierto que la imputada ha negado de manera expresa haber expresado términos amenazantes en contra de los miembros de la fuerza de seguridad, no es menos cierto que en la declaración defensiva vertida en el debate ante el Tribunal Criminal, la acusada admitió la existencia de casi la totalidad de los extremos fácticos descriptos en la denuncia.

En efecto, asumió haber mantenido comunicación telefónica con las víctimas en el día y en la hora en que éstos afirman haber recibido la amenaza telefónica.

También reconoció Sala que el motivo del llamado obedeció a tratar de obtener la entrega de unas prendas de vestir, y que uno de los llamados se hizo a través del Dr. Bellido, coincidiendo con la versión dada por los dos denunciantes.

Asimismo afirmó la imputada en el debate que ella “siempre ha puteado” y que le dijo a los policías “que si querían retener las ropas, que se las regalaba”. En este sentido ambas denuncias son contestes en describir insultos y faltas de respeto por parte de la imputada (puteadas) y el Oficial Vázquez dijo que Sala le refirió que “las bombachas pueden quedársela para usted, su jefa, su mujer y todo el personal de la comisaría”, coincidente con lo declarado por la acusada en el debate en cuanto afirma que les dijo a los policías que les regalaba las ropas.

Dice Jauchen al respecto de la declaración del imputado que: “Constituye el acto procesal mediante el cual se facilita al imputado la defensa material. Sin embargo hay que diferenciar el “medio” con su “contenido”; pues si bien como medio es esencialmente de defensa, ello no significa que de su contenido surjan elementos probatorios en su contra en el supuesto de que el sindicado, libre y voluntariamente, confiese total o parcialmente el delito.” (Eduardo Jauchen, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo III, Rubinzal-Culzoni 1º ed, 2012, pag. 364)

Se ha dicho en este sentido que “Aún cuando la sola confesión no puede constituir el único elemento de cargo como para tener por acreditada la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado confeso, cuando ello encuentra respaldo en los demás elementos de prueba, adquiere relevancia respecto al hecho que alude.” (Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba • 10/11/2009 • Guzmán, Darío D. • 70058580).

Aquí la versión de la imputada reafirma, casi en todo, lo expresado en las denuncias y por consiguiente actúa como un elemento más en la confirmación de la hipótesis acusatoria.

IV – d) DEL AMEDRENTAMIENTO.

Todo lo expuesto hasta aquí permite afirmar sin reparos que el hecho denunciado (amenaza de bombas) existió, pero también podemos asegurar que dicha promesa de mal futuro fue idónea para amedrentar, elemento típico del delito de amenazas, tal como lo paso a exponer:

Con respecto al bien jurídico protegido se ha dicho que “No hay duda de que la amenaza es un delito contra la libertad, en el sentido de que todo ser humano debe estar a resguardo de cualquier promesa de daño a futuro. La vida en sociedad exige que cada miembro de ella sepa que el otro la va a respetar y que sólo debe temer a la ley y no a los caprichos de las personas, que se colocan en lugar de la ley o intentan hacer de su voluntad la ley. De manera que el Estado de Derecho obliga a que se respete este estado de cosas, de tranquilidad, no sólo para decidir sino para poder formar una decisión, que es, sin duda, parte de los derechos básicos del hombre.” (Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal Parte Especial T. II-A, Rubinzal Culzoni,  Bueno Aires  pag. 244).

Señala Muñoz Conde que "la gravedad del mal y su adecuación para intimidar tiene que relacionarse con la persona del amenazado y con las circunstancias que lo rodean, pero no es preciso que la amenaza llegue a intimidar al amenazado, sino que basta con que objetivamente sea adecuada para ello” (MUÑOZ CONDE, Derecho Penal Parte Especial, pag., 142)

Como bien se ha dicho “Para que se configure el delito de amenaza no se requiere que el autor logre amedrentar al sujeto pasivo, siendo suficiente con que la advertencia cursada resulte objetivamente idónea para intimidar.” (Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, sala II • 10/06/2010 • M., H. P. • 70062795).

En el presente caso, quién formuló la promesa de mal futuro (tirar una bomba) fue nada menos que la persona que dirigió durante años la organización Tupac Amaru y quien encabezando dicha organización realizó innumerables atropellos a la sociedad Jujeña que han ido desde el corte total de todos los puentes que permiten el acceso a la Ciudad de Jujuy hasta la toma e incendio de la Casa de Gobierno.

Es fundamental considerar que el poder que detentaba Sala al momento de la amenaza, la innegable autoridad vertical que ejercía sobre la gran masa de personas que integraban las organizaciones sociales vinculada a la Tupac Amaru y su intervención en sucesivos hechos violentos (contexto histórico señalado por la Fiscalía en los alegatos), le daban el marco de seriedad y dominio del mal futuro anunciado que lo configuran en objetivamente idóneo para amedrentar, y por consiguiente típico, en los términos del Art. 149 bis del Código Penal.

La existencia de este verdadero “aparato organizado de poder”, fue incluso acreditado en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 05/12/17, en Expte. Nº CSJ l20/20l7/CS1 “Sala, Milagro Amalia Ángela y otros p.s.a. asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión”, cuando expresa como fundamento para confirmar la prisión preventiva dictada contra la imputada Sala y que ya fuera confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que: “……ya que analizó fundadamente el riesgo que generaría al proceso la medida solicitada por la defensa, en tanto incrementaría objetivamente las posibilidades de su frustración por vía del entorpecimiento de la investigación. En efecto, la prisión preventiva fue justificada en la existencia de un entramado organizacional a disposición de la imputada, presuntamente utilizado para infundir temor por las consecuencias adversas de enfrentar sus intereses….”

Recordemos que “una amenaza que sea grave, injusta, determinada y posible, puede o no concretarse en la práctica y en ambos casos ser igualmente típica, por resultar indiferente que se cumpla esta última condición, según el criterio señalado acerca de la formalidad de este delito” (Se. 4/11 Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro –Sala Penal-)

Es lo que se denomina el requisito de dominabilidad del mal anunciado por parte del autor, como posibilidad objetiva de concretar el mal anunciado mediante el dominio de las condiciones de ejecución del mal.

El bien jurídico protegido está constituido por la libertad de ánimo y/o acción del destinatario de la amenaza. Esto es, para que la amenaza sea idónea, debe poder ser objetivamente cumplida desde la apreciación de la víctima, lo que ciertamente perturba su libertad de decisión y por tal motivo convierte el típico el anuncio ilícito del autor.

IV – e) DEL APRESTO.

Como una cuestión que confirma de manera simultánea la existencia del hecho de amenazas y su idoneidad para amedrentar, debemos mencionar la orden de apresto dada por el Oficial Rubén Eduardo Vázquez el día del hecho.

La orden de apresto, según lo relatado por el Sargento Jorge Orlando Velázquez en el debate, es una actitud preventiva que consiste en no salir a ningún lado y quedarse en la comisaría, salvo urgencia.

El oficial Vázquez afirmó en el debate que el día del hecho como consecuencia de las amenazas “la guardia quedó en las dependencias, no salió a ningún lado excepto emergencias”, y tanto el testigo Jorge Orlando Velázquez como el testigo Marcelo Ramón Zalazar son contestes en afirmar que esa noche se dio la directiva de que se queden en la comisaría en situación de apresto, y si bien se podrá discutir, a partir de la lectura de las constancias del libro de guardias, la rigurosidad con que dicha orden fue llevada a cabo, no puede discutirse que los tres testimonios mencionados (Vázquez, Velázquez y Salazar) coinciden en que se dispuso esa noche una medida preventiva en virtud de las amenazas proferidas por la acusada, una circunstancia más que confirma la verosimilitud de lo denunciado y su idoneidad para amedrentar.

V – DESARROLLO DEL SEGUNDO AGRAVIO: FALTA DE CONSIDERACION DE CUESTION OPORTUNAMENTE PLANTEADA.

En este sentido se ha dicho que la omisión de la consideración de planteos o no hacerse cargo de ciertos argumentos aducidos por las partes constituye sentencia arbitraria (CSJN Fallos (303:874; 319:1416 y 692; 324:1429; 303:1148 y 1766; 320:1339; 324:1423; entre otros).

La Fiscalía ha planteado en sus respectivos alegatos que la imputada utilizó términos ante el Tribunal en lo Criminal idénticos a los términos que se le atribuyen en la denuncia, constituyendo ésta circunstancia un indicio insoslayable a la hora de valorar su intervención en el hecho típico y que nos informa objetivamente que los hechos acontecieron tal como lo relataron los denunciantes.

La acusada Sala expresó en la segunda audiencia de debate, antes de que empezaran a deponer los testigos y en presencia del Tribunal que: “ESTOS DÍAS VAN A TENER NOTICIAS MÍAS y después no vayan a llorar a un cajón”, frase que fue reproducida en gran cantidad de medio gráficos de la Provincia y del País y que, inexplicable y llamativamente, no ha sido reflejada en el acta de debate.

Ahora bien, en la denuncia realizada por el Sr. Rubén Eduardo Vázquez el mismo refiere a fs. 3 vta. que la acusada le expreso que: “VAN A TENER NOTICIAS porque voy a poner un bomba y voy a hacer volar a todos”.

Es imposible no concluir que la imputada tiene incorporado como vocabulario habitual ante el anuncio de algún mal (tirar una bomba o quitarse la vida,) preceder dicho anuncio con la frase “VAN A TENER NOTICIAS”.

Esta decisiva circunstancia, marcada expresamente por la Fiscalía en los alegatos, fue omitida del análisis del Tribunal a la hora de fundamentar la sentencia absolutoria, trayendo como consecuencia inexorable un fallo arbitrario.

VI – DE LAS FALACIAS DEL FALLO.

El voto del Dr. Llermanos, ostenta una llamativa endeblez que convierte al fallo en un acto jurisdiccional inválido. Efectúa apreciaciones dogmáticas relativas al principio de inocencia pero en manera alguna, pondera los alegatos plasmados por esta fiscalía relativos a las razones por las cuales ese estado de inocencia al que alude, fue desvirtuado con elementos sólidos y coherentes. Vale decir, no descartó en modo alguno, lo que dijo esta fiscalía en los alegatos, lo que hubiese resultado central para sostener la inocencia de la imputada como argumenta el juez.

Otro tanto podemos decir del voto del Dr. Kamada, quien efectúa un denodado esfuerzo en restar credibilidad a los denunciantes, incurriendo en citas autorreferenciales, con respecto al valor probatorio de las deposiciones de menores de edad (¿?) que nada tienen que ver con las contundentes expresiones de los denunciantes. Agrega por su parte, como elemento para reafirmar su tesis desincriminatoria, al hecho de la falta de consignación del evento objeto debate (amenazas proferidas por la imputada Sala) en los libros de registración de la comisaría, otorgándole una relevancia de la que carece como un aspecto decisivo para mentar la ausencia del hecho de amenaza.

Desconociendo y apartándose claramente de la sana crítica racional en la valoración de la prueba, del hecho puntual de que esa falta de registración no obsta a la existencia del hecho clara y circunstanciadamente denunciado pues se trata de una registración meramente administrativa. Para finalmente descartar arbitrariamente el desarrollo de la fundamentación de la prueba en el contexto histórico.

En este sentido, el Dr. Kamada, invierte el razonamiento pues pretende descartar la existencia de la seriedad del hecho por la prueba del contexto histórico, por la circunstancia de que debe existir hecho, lo que considera no se configura.

Entiendo que el razonamiento fue erróneamente invertido, pues el hecho existe en base a las expresiones de los denunciantes y de testigos que dan cuenta de actitudes de los protagonistas en las circunstancias de modo, tiempo, lugar, que no tendrían sentido si no existieran los hechos puestos en conocimiento por los denunciantes.

Por tanto, es precisamente la prueba del contexto histórico lo que termina de acreditar el elemento típico, reprochabilidad y dominabilidad del evento disvalioso que se le enrrostra a Sala.

Por lo expuesto el razonamiento del Vocal Kamada es completamente erróneo.

VII -ACREDITA CUESTION FEDERAL.

Para el improbable e hipotético caso de que sea rechazado el presente remedio procesal y se confirme una sentencia arbitraria, planteo la cuestión federal por violación al Art. 18 de la Constitución Nacional, en los términos del Art. 14 de la ley 48, que consiste en absoluta arbitrariedad de la sentencia que viola flagrantemente el debido proceso garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Constituyendo el agravio que eventualmente introduciría la cuestión federal en la etapa procesal oportuna.

VIII - PETITORIO 

Es por todo lo expuesto que solicito:

1 – Se tenga por deducido en tiempo y forma el presente Recurso de Casación en contra de la sentencia leída íntegramente en fecha 18 de Diciembre de 2017 y, se disponga su concesión elevándose las actuaciones.

2 – Oportunamente se revoque la sentencia recurrida por ser la misma arbitraria por violar el debido proceso y se condene a Milagro Amalia Ángela Sala de Noro, a la pena de cuatro años de prisión por resultar penalmente responsable de los delitos por los que es acusada, o bien que se reenvíe para el dictado de una nueva sentencia conforme a estas razones y a derecho.

PROVEER DE CONFORMIDAD. SERÁ JUSTICIA

 

 

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